Tras las elecciones presidenciales de agosto, en las que el presidente Hakainde Hichilema fue reelegido, organizaciones de derechos humanos han denunciado una serie de arrestos arbitrarios y desapariciones forzadas de figuras de la oposición. Según HRW, al menos diez activistas han sido detenidos sin cargos claros y varios han desaparecido bajo circunstancias sospechosas.
El gobierno de Zambia ha justificado las detenciones como parte de una “operación de seguridad nacional” destinada a prevenir actos de sabotaje. Sin embargo, observadores internacionales señalan que estas medidas vulneran la Constitución zambiana y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
HRW ha enviado una carta formal al presidente Hichilema y al Ministerio de Justicia, exigiendo la liberación inmediata de los detenidos y la apertura de una investigación independiente. La organización advierte que la falta de acción podría desencadenar sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos, además de dañar la reputación de Zambia como destino de inversión.
Mientras tanto, la sociedad civil zambiana ha organizado protestas pacíficas en la capital, Lusaka, exigiendo el respeto a los derechos políticos y la garantía de un proceso electoral transparente en futuras contiendas. La comunidad internacional sigue de cerca la evolución del caso, considerando la estabilidad política de la región del África Austral.
