El 29 de septiembre de 2026, el recién nombrado primer ministro húngaro Peter Magyar reveló que las fuerzas de seguridad habían detenido a cinco altos funcionarios vinculados a la red de corrupción del anterior gobierno liderado por Viktor Orbán. Los arrestos incluyen a exministros, empresarios y asesores cercanos al partido Fidesz.
Magyar, quien prometió una "reconstrucción profunda" del aparato estatal, afirmó que las detenciones son parte de un proceso judicial independiente destinado a desmantelar los mecanismos clientelares que, según él, habían socavado la transparencia y la competitividad del país.
La Unión Europea ha recibido con cautela estas medidas. Mientras algunos funcionarios ven en ellas una señal de que Hungría podría volver a alinearse con los estándares democráticos europeos, otros advierten que el proceso podría servir como una herramienta política para consolidar el poder de Magyar y eliminar a sus rivales dentro del propio partido.
En el plano interno, la oposición húngara celebra los arrestos como una victoria contra la corrupción, pero también alerta sobre posibles represalias y la necesidad de garantizar un juicio justo para los acusados, bajo los principios del Estado de derecho.
El caso pone de relieve la fragilidad de la democracia húngara y la presión constante de la UE para que el país cumpla con los criterios de gobernanza y derechos humanos que exige la membresía comunitaria.
