Amnistía Internacional publicó un informe el 1 de octubre de 2026 que detalla cómo la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE) de Marruecos ha utilizado software espía, micrófonos ocultos y teléfonos comprometidos para vigilar a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. El organismo de derechos humanos identificó al menos 15 casos documentados de dispositivos manipulados que permitieron la interceptación de conversaciones y la localización en tiempo real de los objetivos.
Según el informe, la vigilancia se habría llevado a cabo bajo la justificación de la seguridad nacional, aunque los afectados denuncian que las técnicas se emplean para coartar la crítica al gobierno y a la monarquía. Los periodistas señalados describieron una atmósfera de autocensura, temiendo represalias por parte de las autoridades si continúan investigando casos de corrupción o abusos.
El gobierno marroquí, por su parte, negó cualquier irregularidad y afirmó que sus operaciones de inteligencia están dirigidas exclusivamente a amenazas terroristas. Sin embargo, la comunidad internacional ha expresado su preocupación, recordando que Marruecos es signatario de la Convención sobre los Derechos del Niño y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, compromisos que incluyen la garantía de la libertad de expresión.
Ante la presión de organizaciones internacionales y la posible repercusión diplomática, se espera que Marruecos revise sus prácticas de vigilancia y mejore la protección de los periodistas, aunque la falta de transparencia en los procesos judiciales dificulta una respuesta clara.