El 24 de septiembre de 2026, el Consejo de Ministros italiano aprobó la prohibición del uso de burqa y niqab en todas las escuelas del país, además de establecer un cupo máximo de estudiantes extranjeros por establecimiento. La medida, defendida por la primera ministra Giorgia Meloni como una “herramienta de sentido común”, busca, según el gobierno, favorecer la integración y la cohesión social.
Organizaciones de derechos humanos, tanto a nivel nacional como europeo, denunciaron que la prohibición vulnera la libertad religiosa y el principio de no discriminación. La Comisión Europea ha iniciado una revisión para determinar si la normativa italiana infringe la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.
El debate se intensifica de cara a las elecciones generales de 2027, en las que la gestión de la inmigración y la integración escolar se presentan como temas clave. Al Jazeera informó que la medida forma parte de una campaña más amplia del gobierno melonista para reforzar su posición ante los votantes, especialmente en regiones con alta presencia de inmigrantes.
Mientras tanto, partidos de oposición y movimientos sociales organizan manifestaciones en varias ciudades italianas, exigiendo la revocación de la prohibición y la garantía de derechos iguales para todos los estudiantes, independientemente de su origen o fe.
