El 24 de septiembre de 2026, el gabinete italiano aprobó una serie de reformas dirigidas al sector educativo. Entre las medidas más controvertidas se encuentra la prohibición del uso de la burqa y el niqab en todas las escuelas públicas y privadas del país. Además, se estableció un límite al número de estudiantes extranjeros que pueden matricularse en cada institución, con el objetivo de “preservar la cohesión social”.
La primera ministra, Giorgia Meloni, describió las normas como "herramientas de sentido común que no dividen, sino que realmente ayudan a la integración". Según el gobierno, la medida busca evitar la imposibilidad de identificar a los estudiantes y garantizar la seguridad dentro de los centros educativos.
Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y la Comisión Europea, han criticado la legislación, argumentando que vulnera la libertad religiosa y el principio de no discriminación. Varios partidos de la oposición en Italia han anunciado protestas y acciones legales contra la normativa.
El debate se inserta en un contexto más amplio de tensiones migratorias en Europa, donde varios países han adoptado políticas restrictivas en respuesta al aumento de flujos migratorios provenientes de África y Oriente Medio.
