El gabinete japonés anunció una serie de reformas al marco legal de inmigración que elevan el umbral de ingresos y de dominio del idioma japonés para obtener la residencia permanente. La medida forma parte de una agenda más amplia que busca reforzar la identidad nacional y limitar la entrada de trabajadores temporales.
Según el Ministerio de Justicia, los solicitantes deberán demostrar un ingreso anual mínimo de 10 millones de yenes y aprobar un examen de competencia lingüística de nivel N2 del JLPT. Además, se reducirá el número de puntos otorgados por experiencia laboral en sectores considerados “no críticos”.
Los cambios han sido recibidos con preocupación por parte de la comunidad de expatriados, sindicatos y empresas que dependen de mano de obra extranjera, particularmente en sectores de tecnología, salud y manufactura. Analistas advierten que la medida podría agravar la ya crítica escasez demográfica que enfrenta el país, cuya población está en declive desde 2020.
El gobierno argumenta que la política busca “preservar la cohesión social” y evitar una dependencia excesiva de la migración. Sin embargo, la oposición política y organizaciones de derechos humanos han calificado la reforma como “exclusiva” y “contraria a los compromisos internacionales de Japón”.
