El gobierno japonés, bajo la dirección del primer ministro Sanae Takaichi, anunció el 1 de octubre de 2026 una subida drástica de la tarifa para obtener la residencia permanente. La cifra se multiplicó veinte veces, lo que equivale a un aumento del 2000 % respecto al importe anterior. La medida se inserta en un paquete de reformas migratorias cuyo objetivo declarado es controlar el crecimiento de la población extranjera en Japón.
Según la Oficina de Inmigración, la tarifa pasará de aproximadamente 30.000 yenes a cerca de 600.000 yenes. Los solicitantes deberán demostrar ingresos más altos y una mayor estabilidad laboral para poder costear el nuevo requisito. La medida ha sido defendida por el gabinete como una forma de preservar la cohesión social y proteger el mercado laboral nacional.
Organizaciones internacionales y grupos de defensa de los derechos de los migrantes han calificado la política de discriminatoria. Señalan que el aumento abrupto podría obligar a cientos de residentes a abandonar el país, generando incertidumbre en sectores que dependen de mano de obra extranjera, como la tecnología y la atención sanitaria.
El impacto económico también es objeto de debate. Mientras algunos analistas advierten una posible escasez de talento en áreas estratégicas, otros sostienen que la medida podría incentivar la automatización y la capacitación de la fuerza laboral local. El futuro de la política migratoria japonesa dependerá de la respuesta de la sociedad civil y de la presión de organismos internacionales.
