El jueves, el Tribunal de Alta Seguridad de Hong Kong dictó una condena de diez años de prisión adicionales contra Joshua Wong, uno de los líderes estudiantiles más emblemáticos de las protestas prodemocráticas de 2014. La acusación se basa en la supuesta "colusión extranjera", un delito introducido en la legislación de seguridad nacional que penaliza cualquier contacto con gobiernos o instituciones extranjeras que, según el Estado, busquen interferir en los asuntos internos de Hong Kong.
Wong, que ya cumplía una condena de seis años por cargos similares, fue detenido en enero de 2024 y, tras un proceso judicial que organizaciones de derechos humanos calificaron de limitado y carente de garantías, fue sentenciado nuevamente. La sentencia incluye la prohibición de ejercer cargos públicos y la imposibilidad de viajar al exterior durante el cumplimiento del término.
La comunidad internacional reaccionó con condena. La Unión Europea y Estados Unidos emitieron comunicados denunciando la medida como un retroceso en los compromisos del Acuerdo de 2015 entre China y el Reino Unido, que garantizaba un alto grado de autonomía a Hong Kong. Por su parte, el gobierno chino defendió la decisión como una aplicación legítima de la ley de seguridad nacional.
Esta nueva condena refuerza la tendencia de Hong Kong a endurecer su marco legal contra la disidencia, reduciendo aún más el espacio para la oposición y complicando los esfuerzos de los grupos de derechos humanos que buscan presionar por reformas democráticas en la región.
