Un tribunal de Quito dictó la detención preventiva de Luisa González, la candidata de la coalición izquierdista que perdió la contienda presidencial ante el presidente de centroderecha Daniel Noboa en 2023. La medida, justificada por el juzgado como necesaria para evitar presuntos actos de obstrucción, ha sido calificada por la propia González y sus seguidores como una persecución política.
La decisión judicial se produce en un contexto de creciente polarización en el país, donde la oposición acusa al gobierno de Noboa de utilizar el aparato judicial para neutralizar a sus rivales. Organizaciones de derechos humanos locales e internacionales han solicitado una revisión urgente del caso, advirtiendo que la medida podría vulnerar garantías constitucionales.
Con las elecciones presidenciales previstas para mediados de 2026, la detención de González podría alterar la dinámica de la campaña, limitando su capacidad de movilizar a sus bases y de participar en debates públicos. Los analistas políticos advierten que la medida podría desencadenar protestas y afectar la percepción internacional de la estabilidad democrática ecuatoriana.
El gobierno de Noboa, por su parte, ha defendido la decisión como una acción legítima del poder judicial, señalando que la investigación sigue su curso y que cualquier intento de interferir sería una violación del estado de derecho. La situación sigue en desarrollo y se espera que la defensa de González presente recursos de apelación en los próximos días.
