En una sesión celebrada el martes, la Corte Suprema de EE. UU. anuló las limitaciones que impedían la deportación de migrantes a terceros países, una medida que había sido adoptada para proteger a personas vulnerables de ser enviadas a lugares inseguros.
Con la nueva sentencia, el gobierno federal podrá reenviar a migrantes a naciones que no sean su país de origen ni su destino final, siempre que existan acuerdos bilaterales que lo permitan. Esta ampliación del poder ejecutivo busca acelerar los procesos de expulsión y reducir la presión sobre los centros de detención en la frontera sur.
Organizaciones de derechos humanos advierten que la medida podría violar principios de no devolución y exponer a los migrantes a riesgos de persecución o condiciones inhumanas. Además, algunos países receptores podrían rechazar a los migrantes, lo que complicaría la logística de los traslados.
En el contexto político interno, la decisión se alinea con la agenda del presidente Trump, que ha buscado endurecer la política migratoria y limitar la capacidad de los tribunales para interferir en decisiones ejecutivas.
