La Organización de los Estados Americanos (OEA) concluyó una sesión extraordinaria de cancilleres el 3 de octubre de 2026 en Antigua, Guatemala, donde se aprobó por unanimidad una resolución que reclama la celebración de elecciones libres y la inmediata excarcelación de los presos políticos en Nicaragua. La resolución, respaldada por los 35 Estados miembros, subraya la grave vulneración de los principios democráticos y de derechos humanos en el país centroamericano.
El texto también establece la creación de un grupo de diálogo que buscará entablar conversaciones directas con el gobierno de Daniel Ortega, con el objetivo de abrir canales de negociación que conduzcan a la restitución del Estado de derecho y a la organización de comicios transparentes. La OEA ha advertido que, de no observarse el cumplimiento de la resolución, se podrían aplicar medidas de presión adicionales, incluidas sanciones económicas y diplomáticas.
Nicaragua ha rechazado históricamente las críticas internacionales, calificándolas de injerencia en sus asuntos internos. Sin embargo, la unanimidad de la OEA refleja una creciente preocupación regional sobre la consolidación autoritaria del régimen y el deterioro de la situación de los derechos humanos, que ha sido documentada por organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
El impacto de la resolución se extiende más allá de las fronteras nicaragüenses, pues podría influir en la dinámica política de Centroamérica, donde varios gobiernos están bajo presión para reforzar sus procesos democráticos. Asimismo, la medida refuerza el papel de la OEA como organismo regional de defensa de la democracia y los derechos humanos, en un contexto de tensiones crecientes entre gobiernos autoritarios y la comunidad internacional.
