Según el último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el 25 de septiembre de 2026, la tasa de pobreza en Argentina subió al 32 % de la población, lo que representa un aumento de 4,1 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior. El crecimiento se atribuye a la combinación de alta inflación, recesión del empleo formal y la reducción de subsidios sociales implementada por el gobierno de Javier Milei.
El aumento de la pobreza ha encendido las alarmas entre los sectores opositores y organizaciones de la sociedad civil, que advierten sobre un posible deterioro de la cohesión social y un aumento de la conflictividad urbana. Las protestas en la capital y en varias provincias se han intensificado, con manifestaciones que reclaman mayor asistencia alimentaria y la reversión de las políticas de ajuste.
Para el propio gobierno, el deterioro de los indicadores sociales representa un desafío para la estrategia de reelección que Milei persigue de cara a las elecciones de 2027. Analistas políticos señalan que la percepción de la gestión económica será un factor determinante en la decisión de los votantes indecisos, especialmente en los distritos más vulnerables.
El escenario plantea un dilema para la política económica: equilibrar la necesidad de estabilizar la macroeconomía con la urgencia de mitigar el impacto social. El debate sobre la posible reactivación de subsidios y programas de asistencia se mantiene abierto en el Congreso, mientras el gobierno evalúa alternativas de financiamiento externo.
