El presidente brasileño Luiz Inácio Lula denunció el pasado sábado que la empresa Meta, propietaria de Facebook e Instagram, habría intentado interferir en la campaña electoral de la segunda vuelta mediante la difusión de contenidos falsos y la segmentación de anuncios políticos. Ante la acusación, el Tribunal Superior Electoral (TSE) ordenó a la compañía que entregue, en un plazo de 48 horas, toda la información relativa a campañas publicitarias realizadas en el país desde enero de 2024.
Lula sostuvo que la manipulación de la información en redes sociales constituye una amenaza directa a la soberanía del voto y a la integridad del proceso democrático. La medida busca esclarecer si hubo financiamiento externo o uso de datos personales para influir en la opinión pública. Meta, por su parte, ha reiterado que sus plataformas cumplen con la normativa brasileña y que cualquier contenido político es regulado bajo sus políticas de transparencia.
El caso se produce en un contexto de creciente escrutinio internacional sobre la influencia de gigantes tecnológicos en procesos electorales, tras los escándalos de interferencia en Estados Unidos y Europa. Organizaciones de la sociedad civil en Brasil han pedido una regulación más estricta de la publicidad política en línea, mientras que partidos opositores acusan al gobierno de usar la investigación para deslegitimar a la oposición.
Si el TSE determina que Meta violó la legislación electoral, la empresa podría enfrentar multas millonarias y la suspensión de sus actividades publicitarias en Brasil durante el resto del ciclo electoral, lo que tendría repercusiones significativas para la estrategia de campaña de los candidatos y para la economía digital del país.