En la madrugada del lunes, cientos de personas instalaron carpas y tiendas de campaña en la Plaza del Sol, frente al Palacio Real, como parte de una movilización nacional contra los llamados "fondos buitre". Los manifestantes, muchos de ellos familias que han perdido su hogar, alzaron pancartas que exigían la intervención del Estado para frenar la especulación inmobiliaria.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondió a la presión social anunciando la creación de una comisión interministerial para estudiar medidas regulatorias que limiten la compra masiva de inmuebles por parte de fondos de inversión extranjeros. Sánchez también prometió reforzar los programas de alquiler social y ampliar la ayuda directa a los inquilinos en riesgo de desalojo.
Organizaciones de derechos humanos y sindicatos han respaldado la protesta, señalando que la falta de vivienda asequible afecta a más del 30% de la población española. Mientras tanto, representantes de la industria financiera argumentan que los fondos buitre aportan liquidez al mercado y que la regulación excesiva podría desalentar la inversión.
El escenario de la protesta ha atraído la atención internacional, con observadores de la UE y de la OEA que siguen de cerca la evolución del conflicto y la respuesta del Gobierno español. La presión sobre Madrid se intensifica a medida que se acercan las elecciones municipales, lo que podría convertir la crisis de vivienda en un tema central del debate político.
