El pasado 25 de octubre, más de diez mil personas se congregaron en la Plaza de la Ciudad Vieja de Praga para manifestarse contra la reforma del financiamiento de los medios públicos propuesta por el gobierno del primer ministro Andrej Babiš y su coalición. Los manifestantes portaban pancartas que denunciaban una supuesta amenaza a la pluralidad informativa y a la independencia editorial.
Según el proyecto de ley, el presupuesto de los canales estatales sería asignado directamente por el Ministerio de Finanzas, lo que, según los críticos, permitiría al ejecutivo ejercer presión sobre la línea editorial. El gobierno argumenta que la medida busca mayor transparencia y eficiencia en el uso de fondos públicos.
Organizaciones internacionales, como Reporteros Sin Fronteras, han emitido comunicados advirtiendo que la reforma podría contravenir los estándares europeos de libertad de prensa. En el Parlamento Europeo, varios eurodiputados han solicitado una revisión del proyecto antes de su aprobación final.
El movimiento de protesta se enmarca en un contexto de creciente polarización política en la República Checa, donde la figura de Babiš ha sido objeto de controversia por supuestos conflictos de interés y su estilo de liderazgo populista. La presión social podría forzar al gobierno a reconsiderar o modificar la propuesta legislativa.
