Un misil guiado de origen ruso impactó en la madrugada del 7 de octubre un bloque de treinta pisos en la zona norte de la región de Járkov, en Ucrania. El explosivo destruyó gran parte del edificio, dejando un saldo de diecinueve muertos, entre los que se contabilizan cinco niños que dormían en sus hogares. Las autoridades locales confirmaron que la zona estaba densamente poblada y que la mayoría de los residentes no contaba con refugios antiaéreos.
El ataque se produce en el marco de una escalada de la campaña de bombardeos rusos sobre infraestructuras civiles, una táctica que Moscú ha utilizado para presionar a Kiev y debilitar la moral de la población. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que el uso de municiones de alto poder explosivo en áreas residenciales constituye una violación del derecho internacional humanitario.
El gobierno ucraniano solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU y pidió sanciones más severas contra los responsables. Varios países occidentales, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, condenaron el ataque y reiteraron su apoyo a la defensa ucraniana.
Mientras tanto, los servicios de emergencia trabajan en la identificación de los desaparecidos y en la reconstrucción de los servicios básicos del barrio afectado. La comunidad internacional sigue observando de cerca la evolución del conflicto, temiendo que incidentes como este puedan desencadenar una mayor escalada militar.
