El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha eliminado las certificaciones profesionales de abogados que criticaron públicamente sus políticas. Esta acción forma parte de una estrategia más amplia para silenciar la disidencia, incluyendo arrestos y censura de medios. La oposición internacional ha condenado la medida como violación a los derechos humanos y a la libertad de expresión.


