El presidente de Polonia, Andrzej Duda, sostuvo el 1 de noviembre de 2026 una serie de conversaciones de crisis con líderes judiciales y representantes del gobierno tras la escalada de tensiones con el Tribunal Constitucional. La controversia se originó cuando el presidente intentó nombrar nuevos magistrados, lo que la oposición y la Comisión Europea calificaron como una politización del poder judicial.
Durante las reuniones, Duda defendió la necesidad de reformar el tribunal para “garantizar la soberanía nacional”, mientras que los jueces advirtieron que la medida vulneraría los principios democráticos consagrados en la Constitución. La falta de consenso ha generado manifestaciones en Varsovia y Cracovia, con miles de ciudadanos exigiendo la renuncia del presidente o, al menos, la reversión de la decisión.
La UE ha amenazado con activar el Artículo 7 del Tratado de Lisboa, que podría suspender los derechos de voto de Polonia en el Consejo Europeo, mientras que la OTAN observa con cautela cualquier deterioro interno que pueda comprometer la cohesión del bloque. Analistas internacionales advierten que una escalada del conflicto judicial podría debilitar la posición de Polonia en la arena geopolítica europea.
En respuesta, el gobierno polaco anunció la creación de una comisión independiente para revisar los nombramientos judiciales, aunque la oposición la calificó de “cortina de humo”. La situación sigue en desarrollo y se espera que se intensifiquen las negociaciones en los próximos días.
