El 22 de septiembre de 2026, la provincia de British Columbia presentó una demanda civil contra OpenAI y su director ejecutivo Sam Altman, acusándolos de negligencia por no haber alertado a las autoridades sobre el plan del atacante antes del tiroteo en la escuela secundaria de Tumbler Ridge. El ataque, que dejó 12 muertos y más de 30 heridos, se produjo después de que el presunto tirador publicara en línea mensajes que describían su intención.
Los demandantes sostienen que los algoritmos de detección de contenido de OpenAI estaban capacitados para identificar señales de violencia y que la empresa falló en activar sus protocolos de reporte a la policía. La demanda busca una compensación de 500 millones de dólares canadienses y una orden judicial que obligue a OpenAI a mejorar sus sistemas de vigilancia.
El caso llega en un momento en que varios gobiernos, incluido el de EE.UU., están considerando legislación para regular la responsabilidad de las plataformas de IA en la prevención de crímenes. Expertos en ética tecnológica advierten que imponer una carga legal excesiva podría limitar la innovación, mientras que defensores de los derechos de las víctimas exigen una mayor rendición de cuentas.
En paralelo, Turquía vivió otro tiroteo cerca de una escuela secundaria, que dejó 11 heridos. Las autoridades turcas también están investigando si la difusión en redes sociales de contenidos violentos jugó un papel en la planificación del ataque, lo que refuerza la preocupación internacional sobre la relación entre la IA y la violencia armada.
