Un estudio reciente elaborado por el abogado de derechos humanos Jean‑Emile Jammine, junto al reconocido activista Reed Brody, pone al descubierto una serie de fallas sistemáticas en el proceso de aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos. El informe señala que desde la fase de investigación hasta la ejecución, se presentan irregularidades que comprometen la integridad del proceso judicial.
Entre los problemas detectados se encuentran la falta de acceso a defensa adecuada, pruebas forenses poco fiables y la ausencia de supervisión independiente en los centros de ejecución. Además, el estudio destaca casos en los que la evidencia de culpabilidad se basó en testimonios contradictorios y confesiones obtenidas bajo coacción.
El documento también subraya la disparidad racial en la imposición de la pena capital, con una proporción significativamente mayor de condenas contra personas de origen afroamericano e hispano. Estas conclusiones han sido presentadas ante organismos internacionales, que podrían considerar sanciones o recomendaciones de reforma al sistema judicial estadounidense.
Ante la magnitud de los hallazgos, organizaciones de derechos humanos han pedido una moratoria inmediata sobre todas las ejecuciones mientras se revisan los procedimientos. El Departamento de Justicia de EE. UU. aún no ha respondido oficialmente al informe, pero la presión pública y mediática está en aumento.
