El gobierno sudafricano ordenó el despliegue de 500 soldados en la ciudad de Durban el pasado 27 de octubre, tras la muerte de un ciudadano extranjero a causa de una turba violenta en un barrio del sur de la ciudad. Las fuerzas armadas, bajo el mando del general Sipho Mkhize, fueron enviadas para reforzar la seguridad y evitar nuevos incidentes.
El operativo incluye patrullas conjuntas con la policía local, puntos de control y la creación de zonas seguras para la comunidad migrante. Autoridades locales han declarado estado de emergencia en los distritos más afectados y han prometido investigar los responsables del homicidio.
Organizaciones de derechos humanos han condenado la violencia y han pedido al gobierno que adopte medidas estructurales para combatir el racismo y la xenofobia. La comunidad internacional, a través de la ONU y la Unión Africana, ha instado a Sudáfrica a garantizar la protección de los derechos humanos y a evitar una escalada que pueda desestabilizar la región.
El despliegue militar se enmarca en una tendencia creciente de gobiernos africanos que recurren a las fuerzas armadas para gestionar disturbios internos, lo que plantea preguntas sobre la capacidad del Estado para mantener el orden sin militarizar la seguridad pública.
