El Senado de Francia aprobó este miércoles un proyecto de ley que faculta a los tribunales a imponer sanciones económicas a los manifestantes que causen daños materiales durante actos de protesta. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Macron, pretende cubrir los costos de reparación de infraestructuras públicas y privadas afectadas por disturbios.
A pesar de la intención de proteger el patrimonio nacional, la medida ha sido duramente criticada por organizaciones defensoras de los derechos humanos, que advierten sobre un posible efecto chilling que limite la libertad de expresión y el derecho a la protesta. La Comisión Europea ha señalado su preocupación por la compatibilidad de la ley con los estándares internacionales.
El proyecto de ley fue aprobado con una mayoría estrecha en el Senado, reflejando la división entre partidos que priorizan la seguridad y aquellos que defienden las libertades civiles. Se prevé que la normativa entre en vigor a principios del próximo año, tras su paso por la Asamblea Nacional.
El debate en Francia se inserta en un contexto más amplio de tensiones sociales, tras una serie de protestas masivas contra reformas laborales y medidas de seguridad. La medida podría servir como precedente para otros países europeos que buscan reforzar la responsabilidad de los manifestantes, aunque también podría generar resistencia y movilizaciones adicionales.
