El 4 de noviembre de 2026, el gobierno sudanés anunció la expulsión del embajador etíope en Jartum, acusándolo de facilitar el suministro de armas y apoyo logístico al Grupo Rapid Support Forces (RSF), una milicia que ha protagonizado una violenta insurgencia en el interior de Sudán. En una declaración oficial, el ministro de Relaciones Exteriores de Sudán afirmó que la evidencia mostraba una “colaboración directa” entre Addis Abeba y los rebeldes del RSF.
Horas después, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Etiopía respondió expulsando al embajador sudanés en Addis Abeba, alegando que Sudán había respaldado a los rebeldes tigrayanos en la región de Tigray, prolongando el conflicto que ya había devastado el norte etíope. Ambas naciones se acusaron mutuamente de interferir en asuntos internos y de violar la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
La medida representa una escalada significativa en una disputa que ya había generado tensiones tras la intervención etíope en el conflicto de Tigray y la posterior intervención del RSF en la región de Darfur. La comunidad internacional, a través de la Unión Africana y la ONU, ha llamado a la moderación y ha ofrecido mediación, pero la desconfianza entre Jartum y Addis Abeba se ha profundizado.
Analistas de seguridad advierten que la expulsión recíproca de diplomáticos podría desencadenar una confrontación militar directa, especialmente en la zona fronteriza del estado de Al Qadarif, donde se han registrado escaramuzas entre fuerzas armadas de ambos países. La situación también afecta la estabilidad del Cuerno de África, una región ya vulnerable por conflictos internos y crisis humanitarias.
En el corto plazo, la prioridad será evitar una escalada militar mientras se reanudan los canales de diálogo a través de mediadores regionales. Sin embargo, la falta de confianza y la acusación de apoyo a grupos armados hacen que la reconciliación sea un proceso complejo y prolongado.