En una entrevista reciente, el expresidente Donald Trump afirmó que los individuos que filtren información del gobierno deberían ser “disparados”. La declaración, realizada en un evento privado, fue capturada por varios medios internacionales y rápidamente difundida en redes sociales.
Trump argumentó que la filtración de documentos clasificados pone en riesgo la seguridad nacional y que la respuesta debe ser ejemplar para disuadir futuros actos. Sin embargo, la propuesta contraviene la legislación estadounidense que protege la libertad de prensa y la denuncia de irregularidades gubernamentales.
Organizaciones de derechos humanos, como la ACLU, y varios periodistas han condenado la postura del exmandatario, señalando que la amenaza de pena de muerte vulnera la Primera Enmienda y podría crear un clima de autocensura. Además, expertos legales subrayan que la pena capital no está contemplada en la legislación penal federal para delitos de filtración.
El Congreso, que actualmente debate reformas sobre la protección de datos clasificados, ha recibido la propuesta con escepticismo. Algunos legisladores consideran que la retórica de Trump busca movilizar a su base electoral, mientras que otros temen que la normalización de discursos violentos pueda incitar actos de intimidación contra periodistas y denunciantes.
En el plano internacional, la declaración ha sido vista como una señal de la creciente polarización política en EE.UU., y ha generado preocupación entre aliados que dependen de la cooperación en materia de inteligencia y seguridad.
