El 2 de octubre de 2026, la Comisión Europea presentó una actualización del Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act), introduciendo algunas de las normas más restrictivas del mundo para el desarrollo y la puesta en marcha de sistemas de IA. La medida busca mitigar riesgos de sesgo, vigilancia masiva y armas autónomas, imponiendo auditorías obligatorias y sanciones de hasta el 6 % del volumen de negocios anual de las empresas infractoras.
El texto subraya la necesidad de proteger los derechos fundamentales y la seguridad de los ciudadanos, estableciendo requisitos de transparencia para algoritmos que influyan en decisiones críticas como la contratación, la financiación o la justicia penal. Además, se prohíben los sistemas de IA considerados de "alto riesgo" sin una certificación previa.
Sin embargo, representantes de la industria tecnológica alertaron que los costos de cumplimiento podrían superar los 500 millones de euros para grandes corporaciones, lo que podría ralentizar la competitividad europea frente a EE. UU. y China, donde la regulación es más laxa. Algunos analistas advierten que la carga regulatoria podría impulsar la deslocalización de centros de I+D a países con marcos más flexibles.
A pesar de las críticas, la Comisión defendió que la protección de los valores democráticos y la confianza del público en la IA son esenciales para su adopción sostenible. El debate continuará en el Parlamento Europeo, donde se esperan enmiendas que busquen equilibrar la innovación con la seguridad.
