La activista de derechos humanos Imaan Mazari y su esposo fueron condenados el 29 de octubre de 2026 a diez años de cárcel en Pakistán. La condena se dictó en la capital, Islamabad, tras un juicio que, según observadores, careció de garantías procesales. Los acusados fueron acusados de difundir información considerada subversiva y de presunta conspiración contra la seguridad del Estado, cargos que el propio tribunal describió como "amenazas a la estabilidad nacional".
El veredicto fue emitido por un tribunal militar bajo la influencia del ejército, que ha consolidado su poder en la política del país tras el golpe de Estado de 2022. Mazari, conocida por su trabajo en defensa de mujeres y minorías, y su esposo, periodista, declararon que son "prisioneros de conciencia" y que su caso sirve de ejemplo para silenciar a críticos del régimen.
Organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, denunciaron la sentencia y pidieron su revocación inmediata, advirtiendo que la medida podría violar la Convención Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, de la cual Pakistán es parte. El gobierno pakistaní, sin embargo, defendió la decisión como una medida necesaria para proteger la seguridad nacional.
La condena se produce en un contexto de creciente presión internacional sobre Pakistán por su historial de derechos humanos, y podría afectar la ayuda financiera de organismos multilaterales que exigen mejoras en el respeto a las libertades civiles.
