El miércoles 29 de octubre de 2026, dos trenes de alta velocidad colisionaron en la zona de Castilla y León, provocando la muerte de 69 pasajeros y dejando a decenas de heridos. Las autoridades declararon tres días de luto nacional, una medida poco frecuente que subraya la magnitud de la tragedia.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dirigió a la nación en un discurso solemne, expresando su pesar y prometiendo una investigación exhaustiva. La coincidencia temporal con la campaña electoral ha intensificado el escrutinio sobre la gestión del transporte ferroviario y la seguridad pública.
Los equipos de rescate trabajaron durante horas para extraer a los supervivientes y trasladar a los fallecidos a los hospitales de la región. El operador ferroviario ha suspendido temporalmente los servicios de alta velocidad mientras se realizan inspecciones técnicas y se recopilan pruebas para determinar las causas del accidente.
El incidente reaviva el debate sobre la inversión en infraestructuras y la modernización de la red ferroviaria española, tema que ha sido central en el programa electoral de varios partidos. La oposición ha exigido una auditoría independiente y ha señalado la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad para evitar tragedias similares en el futuro.
