El lunes 2 de noviembre de 2026, aviones de la Fuerza Aérea rusa lanzaron una serie de bombardeos sobre una escuela situada en la ciudad de Zaporizhia, en el sur de Ucrania, donde se estaba llevando a cabo una distribución de ayuda humanitaria. Según el gobernador regional, el ataque alcanzó el edificio mientras cientos de civiles, entre ellos niños, esperaban recibir alimentos y medicinas. Las explosiones provocaron el colapso parcial de la estructura, dejando al menos 26 muertos y decenas de heridos.
Autoridades ucranianas atribuyeron la responsabilidad del ataque a las fuerzas armadas rusas, señalando que el objetivo era deliberadamente civil. Moscú, por su parte, negó cualquier intención de atacar a la población y acusó a Kiev de usar la tragedia con fines propagandísticos. La comunidad internacional reaccionó con rapidez: la ONU y la Unión Europea emitieron comunicados condenando el bombardeo y recordando la obligación de todas las partes de respetar el derecho internacional humanitario.
El incidente se produce en el contexto de una ofensiva rusa que ha intensificado sus ataques contra infraestructuras civiles en los últimos meses, a pesar de los llamados a la protección de la población civil. Organizaciones de derechos humanos han documentado numerosos casos similares, lo que ha llevado a un creciente escrutinio sobre posibles crímenes de guerra.
El gobierno ucraniano ha solicitado una investigación independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y ha pedido sanciones adicionales contra los responsables. Mientras tanto, la población de Zaporizhia enfrenta una nueva ola de desplazamiento y escasez de servicios básicos, agravando una crisis humanitaria ya de por sí crítica.
