Sudáfrica ha deportado a más de 53,000 extranjeros como parte de una campaña para controlar la migración irregular, impulsada por protestas generalizadas contra la inmigración. El gobierno justifica la medida como necesaria para proteger la seguridad nacional y la estabilidad social. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos critican la acción por posibles violaciones a los derechos humanos. La situación refleja la complejidad de la gestión migratoria en un país con alta desempleo y pobreza.

