Washington ha presentado una serie de pruebas que, según la administración, demuestran que funcionarios canadienses financiaron anuncios anti‑Trump y organizaron reuniones con políticos locales para influir en la opinión de los votantes estadounidenses antes de los midterms de 2026. La evidencia incluye facturas de agencias publicitarias canadienses, correos electrónicos intercambiados entre funcionarios de Ottawa y grupos de presión en varios estados, y un análisis de los patrones de difusión de mensajes en redes sociales que muestra un pico coincidente con la publicación de los anuncios. Por su parte, el gobierno canadiense ha rechazado rotundamente las acusaciones, calificándolas de "infundadas" y señalando que las tarifas arancelarias impuestas por EE.UU. son una represalia comercial. Mientras tanto, el expresidente Donald Trump ha aprovechado los recientes disturbios en Francia, vinculándolos a una supuesta oleada migratoria y utilizándolos como argumento para reforzar su discurso anti‑inmigración en la campaña electoral. Esta maniobra ha sido criticada por analistas que la describen como una estrategia de desvío de atención, pero ha resonado entre sus seguidores, incrementando la polarización en el electorado estadounidense. Las repercusiones de estas acusaciones podrían traducirse en una nueva ronda de sanciones económicas, restricciones a la cooperación en seguridad y una mayor vigilancia de los flujos de información transfronteriza, afectando tanto a la relación bilateral como a la percepción internacional de la integridad del proceso electoral en EE.UU.



