El presidente Donald Trump volvió a colocar a Springfield, Ohio, bajo la lupa nacional al anunciar una campaña de deportaciones que afecta a la comunidad haitiana local. La administración sostiene que la medida responde a una supuesta amenaza de seguridad, aunque la evidencia presentada ha sido ampliamente cuestionada por organizaciones de derechos humanos.
En paralelo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) concedió una prórroga de estatus de protección temporal (TPS) a migrantes provenientes de Ucrania y Sudán, evitando su expulsión inmediata. Esta decisión, anunciada el 19 de octubre, mantiene a cerca de 12.000 ucranianos y 5.000 sudaneses bajo la protección del gobierno federal, a la espera de una solución diplomática en sus países de origen.
Springfield, que alberga aproximadamente 1.200 migrantes haitianos, ha visto cómo la presión sobre los servicios municipales y las escuelas locales se intensifica. Los residentes temen que la repentina reactivación de los procesos de deportación pueda desestabilizar la economía local, que depende en parte de la mano de obra inmigrante.
Organizaciones como la ACLU y la Oficina del Defensor del Pueblo de Ohio han solicitado al Congreso una revisión de la política, argumentando que la medida vulnera normas internacionales de derechos humanos y podría desencadenar una ola de desalojos forzados sin garantías judiciales.
