El presidente francés Emmanuel Macron anunció el 22 de octubre de 2026 que el gobierno limitará la autorización de manifestaciones a aquellas convocadas exclusivamente por sindicatos, con el objetivo de evitar la repetición de los disturbios que dejaron a más de 200 personas detenidas durante el fin de semana pasado.
Durante las protestas, grupos de ultraizquierda fueron acusados de incitar a actos de violencia y sabotaje, lo que llevó a la intervención de la policía nacional y a la imposición de toques de queda en varias ciudades. Macron calificó estos hechos de “actos sediciosos” y convocó a un consejo de defensa nacional para evaluar la seguridad interior.
El proyecto de ley, que será debatido en el Parlamento, incluye sanciones más severas para organizadores que no cumplan con los requisitos de autorización sindical y permite a las autoridades prohibir concentraciones que consideren una amenaza para el orden público. Los sindicatos, sin embargo, advierten que la medida podría coartar la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica.
Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han pedido al gobierno que garantice canales de participación ciudadana independientes de los sindicatos, argumentando que la pluralidad de voces es esencial para la democracia francesa.
