El pasado fin de semana se registraron disturbios en varias ciudades francesas, entre los que se contabilizaron decenas de arrestos y daños a la propiedad pública y privada. Ante la creciente inseguridad, el Gobierno de París, a través del primer ministro Sébastien Lecornu, solicitó a los gobiernos locales la imposición de toques de queda en los barrios más afectados.
La petición, que aún está bajo revisión en municipios como Marsella y Lille, contempla la restricción de la circulación de personas y vehículos entre las 22:00 y las 05:00 horas. Las autoridades locales han manifestado tanto apoyo como reservas, argumentando que la medida podría agravar la tensión social.
Los manifestantes, que inicialmente protestaban por reformas económicas y sociales, han intensificado sus reclamos tras la respuesta policial, acusando al Estado de recurrir a la represión en lugar del diálogo. Organizaciones de derechos humanos han pedido que se garantice el respeto a la libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica.
El Gobierno asegura que el toque de queda es una medida temporal y que se acompañará de un plan de diálogo con los representantes de los movimientos sociales, con el objetivo de evitar una mayor escalada de violencia en los próximos días.
