En una entrevista concedida el 15 de octubre de 2026, la dirigente de la oposición venezolana, María Corina Machado, acusó al nuevo socio petrolero del presidente de EE. UU., Donald Trump, de estar involucrado en actos de corrupción que podrían afectar la integridad del sector energético venezolano. El empresario, cuya identidad no fue revelada en la transmisión, negó rotundamente las acusaciones, calificándolas de “infundadas” y “politicamente motivadas”.
El acuerdo, anunciado por la Casa Blanca la semana anterior, busca que EE. UU. importe crudo venezolano a cambio de inversiones en infraestructura de refinación y la reducción de precios internos de combustible. Machado argumentó que la falta de transparencia en la selección del socio y la ausencia de procesos de licitación abierta vulneran los principios de buena gobernanza y podrían servir como fachada para el lavado de dinero.
Expertos en energía y política latinoamericana señalaron que, si bien el acuerdo podría aliviar la escasez de combustible en EE. UU., también plantea riesgos de dependencia y de legitimación del régimen de Nicolás Maduro. Además, la oposición teme que la alianza refuerce la posición del gobierno chavista en el escenario internacional, dificultando futuros diálogos de transición democrática.
El gobierno de Trump, por su parte, defendió la medida como una “solución pragmática” para estabilizar los mercados energéticos globales, subrayando que el socio seleccionado cuenta con experiencia en la industria y que el acuerdo incluye cláusulas de cumplimiento y auditoría. La controversia sigue abierta, y se espera que la Asamblea Nacional de Venezuela convoque a una sesión de debate sobre la legitimidad del contrato.
