La jueza Anna Korwin-Piotrowska, integrante del Tribunal Constitucional de Polonia, ordenó la suspensión inmediata del presidente del máximo tribunal, alegando presuntas irregularidades en su gestión. La decisión provocó una reacción inmediata de la policía, que desplegó unidades alrededor del edificio del tribunal en Varsovia para garantizar su seguridad y evitar posibles intentos de ocupación.
El gobierno liderado por el partido Ley y Justicia (PiS) calificó la suspensión como un "intento de desestabilizar" la justicia polaca, mientras que la oposición denunció una "intervención política" del poder judicial. En los últimos meses, el PiS ha impulsado reformas controvertidas que reducen la independencia de los jueces, lo que ha llevado a la Comisión Europea a iniciar procedimientos de infracción.
La comunidad internacional ha reaccionado con cautela. La Comisión Europea ha instado a ambas partes a dialogar y ha recordado que el respeto al Estado de derecho es un requisito esencial para la permanencia en la UE. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos han pedido una investigación independiente sobre la legalidad de la suspensión.
El futuro de la Corte Constitucional permanece incierto. Si la tensión se mantiene, podría desencadenarse una crisis institucional que afecte la estabilidad política de Polonia y su relación con los socios europeos, con posibles repercusiones en la financiación de fondos estructurales y en la percepción de inversión extranjera.
