Francia se prepara para un nuevo episodio de movilizaciones masivas, con la puesta en marcha de alrededor de setenta mil efectivos de seguridad en todo el territorio. La medida, anunciada por el ministro del Interior, busca contener posibles disturbios en ciudades como París, Lyon y Marsella, donde los manifestantes se concentran para protestar contra la reforma de pensiones y otras medidas de austeridad.
Los organizadores de la protesta, encabezados por sindicatos como la CGT y la CFDT, han convocado a una huelga general que incluye a trabajadores del sector público y privado. La convocatoria se produce tras dos fines de semana de bloqueos de carreteras, ocupaciones de estaciones de tren y enfrentamientos con la policía, que dejaron decenas de heridos.
El gobierno, liderado por el presidente Emmanuel Macron, ha calificado el clima como de "alto riesgo" y ha pedido a la población evitar las áreas de concentración. Sin embargo, los líderes sindicales aseguran que la presión popular es necesaria para revertir lo que califican como una reforma que empobrecerá a los jubilados.
Las autoridades han activado planes de contingencia que incluyen el uso de gases lacrimógenos y la detención preventiva de activistas. La comunidad internacional observa con cautela, pues la estabilidad interna de Francia tiene repercusiones en la zona euro y en la política de seguridad europea.
