El presidente Cyril Ramaphosa, en una rueda de prensa celebrada el 30 de septiembre de 2026, declaró que el Gobierno lanzará un paquete de medidas destinadas a combatir la creciente ola de feminicidios que azota al país. Entre las iniciativas se incluye la creación de diez centros de apoyo a víctimas en cada provincia, la ampliación del presupuesto del Ministerio de Seguridad en un 15 % y la puesta en marcha de una unidad especializada de investigación para casos de violencia de género. Además, se ordenará la capacitación obligatoria de todos los agentes policiales en protocolos de atención a mujeres víctimas de violencia, así como la instalación de líneas telefónicas de emergencia 24 horas en zonas rurales.
Las organizaciones de derechos humanos recibieron la medida con cautela, señalando que la falta de implementación efectiva ha sido un problema crónico. La Coalición Sudafricana contra la Violencia de Género pidió que el plan incluya mecanismos de monitoreo independientes y que se garantice la rendición de cuentas de los funcionarios que no cumplan con los protocolos. Por su parte, la Oficina del Defensor del Pueblo anunció que enviará un informe trimestral al Parlamento para evaluar los avances.
El contexto de esta decisión se inscribe en una tendencia al alza de los feminicidios en Sudáfrica, donde en 2025 se registraron 5,6 casos por cada 100 mil habitantes, una de las tasas más altas del continente africano. El país ha sido objeto de críticas de organismos internacionales, como la ONU, que han instado a adoptar políticas más contundentes para proteger a las mujeres.
Si bien el anuncio representa un paso importante, los analistas advierten que la efectividad dependerá de la asignación real de recursos y de la voluntad política para perseguir a los perpetradores, incluidos los casos que involucren a figuras de poder. La comunidad internacional observará de cerca la evolución de estas medidas, que podrían servir de modelo para otras naciones con problemas similares.
