Una serie de protestas se ha desatado en toda Francia tras la presentación del proyecto de ley que permitiría a la policía portar armas de fuego de forma permanente. Los manifestantes, que incluyen sindicatos, organizaciones de derechos humanos y ciudadanos comunes, argumentan que la medida profundizará la brecha entre la fuerza pública y la sociedad.
Las concentraciones, que comenzaron el 12 de octubre de 2026 en París y se extendieron a ciudades como Lyon, Marsella y Burdeos, han sido acompañadas de enfrentamientos con la policía, barricadas y la ocupación de plazas públicas. Los organizadores advierten que la legislación podría generar una mayor impunidad frente a abusos policiales y erosionar libertades fundamentales.
El gobierno francés, encabezado por el presidente Emmanuel Macron, defiende la iniciativa como una respuesta necesaria a la creciente violencia contra agentes del orden. Sin embargo, varios partidos de oposición y expertos en derechos civiles han pedido la retirada del proyecto o, al menos, una revisión exhaustiva que incluya mecanismos de control más estrictos.
Mientras tanto, la presión social ha llevado a que varios diputados reconsideren su apoyo al proyecto, y se espera que el Parlamento debata la ley en las próximas semanas, con la posibilidad de que se introduzcan enmiendas sustanciales para calmar la tensión social.
