El lunes, el primer ministro británico Andy Burnham declaró ante el Parlamento que existen "fuertes indicios" de que la Guardia Revolucionaria Iraní estuvo detrás del intento de sabotaje en la base aérea RAF Fairford, en Gloucestershire. La acusación se produce tras la detección de un dispositivo sospechoso que habría sido colocado en la pista, lo que obligó a suspender temporalmente las operaciones de la base.
En respuesta, el gobierno del Reino Unido ha sancionado a dos ciudadanos iraníes, prohibiéndoles entrar al país y congelando sus bienes bajo la normativa de sanciones internacionales. Además, el Reino Unido ha convocado al embajador de Irán en Londres para que aclare la posición de Teherán y facilite la investigación.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, a través de su portavoz, ha negado rotundamente cualquier participación, calificando la acusación de "infundada" y advirtiendo que cualquier medida contra Irán será considerada una agresión. La situación se produce en un contexto de crecientes tensiones entre ambos países, que incluyen disputas sobre el programa nuclear iraní y la presencia de fuerzas militares occidentales en la región.
Los analistas advierten que, de no resolverse diplomáticamente, el incidente podría escalar a represalias más amplias, afectando la cooperación en inteligencia y seguridad entre la OTAN y sus aliados, y generando incertidumbre en los mercados energéticos europeos.
