En los últimos meses el conflicto armado en Sudán ha adoptado una nueva dimensión tecnológica: el uso masivo de drones armados por parte de las fuerzas gubernamentales contra objetivos civiles. Los ataques se han concentrado en rutas de suministro de alimentos y medicinas, así como en barrios que la población había catalogado como zonas seguras. Cada incursión aérea corta la logística de los grupos armados opositores, pero también deja a la población sin acceso a recursos básicos.
Según informes de organizaciones de derechos humanos, se han registrado más de 200 ataques con drones en los últimos tres meses, con al menos 150 civiles muertos y cientos de heridos. Las imágenes satelitales muestran la destrucción de almacenes de alimentos en el estado de Darfur y la devastación de hospitales en la capital, Jartum. La comunidad internacional ha condenado la práctica, calificándola de "uso desproporcionado de la fuerza contra la población civil".
El gobierno sudanés justifica el uso de drones como una medida para debilitar a los grupos rebeldes, principalmente al Ejército de Liberación de Sudán (ELS) y a la Fuerza de Apoyo Rápido (RSF). Sin embargo, la falta de mecanismos de verificación y la ausencia de un alto al fuego hacen que la población civil pague el precio más alto. La ONU ha solicitado una investigación independiente, pero el acceso a las zonas de conflicto sigue siendo limitado.
El agravamiento de la crisis humanitaria ha provocado el desplazamiento interno de más de medio millón de personas, que buscan refugio en campamentos improvisados en el sur del país. La escasez de alimentos y la interrupción de los servicios médicos aumentan el riesgo de brotes epidémicos, mientras que la comunidad internacional evalúa la posibilidad de sanciones adicionales contra los responsables de los ataques aéreos.
