El presidente Donald Trump anunció el jueves que la ejecución por escuadra de fusiles del soldado Nidal Malik Hasan, responsable de la masacre de 13 muertos y 32 heridos en la base de Fort Hood, Texas, en 2009, no será transmitida en directo por internet. La medida, que había sido planificada por el Pentágono como una "transmisión educativa" para demostrar la firmeza del ejército ante actos de terrorismo interno, fue revocada luego de una fuerte presión mediática y de la protesta de 72 generales, almirantes y altos oficiales retirados que calificaron la iniciativa de "bárbara" y "inconstitucional".
En una breve declaración, Trump afirmó que "algunas personas preferirían no ver" la ejecución y que el gobierno respetará la dignidad del proceso judicial sin convertirlo en espectáculo. La decisión se produce en medio de un clima político polarizado en EE.UU., donde la pena de muerte militar sigue siendo objeto de controversia, especialmente tras la condena de Hasan, quien había sido juzgado y sentenciado a muerte en 2013.
Los oficiales retirados, encabezados por el exgeneral del Ejército James Mattis y la exalmirante del Cuerpo de Marines Ann E. Dunwoody, enviaron una carta al presidente instando a cancelar la transmisión, argumentando que la exposición pública de la pena capital podría deshumanizar a los militares y servir como propaganda para grupos extremistas. Por su parte, organizaciones de derechos humanos como Amnesty International aplaudieron la cancelación, señalando que la difusión de una ejecución vulnera normas internacionales de derechos humanos.
La ejecución está programada para el 15 de octubre de 2026 en la base de Fort Hood y se llevará a cabo mediante una escuadra de fusiles, método que el Pentágono había reinstaurado en 2020. La cancelación de la transmisión no altera la fecha ni el método de la pena, pero sí marca un precedente en la forma en que el Estado estadounidense maneja la visibilidad de sus procesos judiciales más severos.
Esta decisión también tiene implicaciones para la percepción internacional de EE.UU. en materia de derechos humanos y justicia militar, y podría influir en futuros debates sobre la transparencia y la dignidad en la aplicación de la pena de muerte.
