Un experto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó el 21 de septiembre de 2026 los ataques de la Marina de EE. UU contra supuestos barcos de narcotráfico como "posibles crímenes contra la humanidad". Desde septiembre, al menos 230 personas han perdido la vida en operaciones realizadas en el Pacífico y el Caribe.
Según el informe, los bombardeos se llevaron a cabo sin una identificación clara de los objetivos y sin ofrecer oportunidades de rendición, lo que vulnera los principios de proporcionalidad y distinción del derecho internacional humanitario. El experto señaló que la práctica de atacar embarcaciones civiles bajo la sospecha de tráfico de drogas podría constituir una forma de violencia sistemática contra poblaciones vulnerables.
El Departamento de Defensa de EE. UU defendió la campaña, argumentando que los barcos estaban vinculados a organizaciones criminales que financian la violencia en la región. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos exigen una investigación independiente y la suspensión de las operaciones hasta que se establezcan protocolos claros.
Si se confirma la acusación, Estados miembros podrían presentar denuncias ante la Corte Penal Internacional, lo que obligaría a Washington a revisar sus reglas de enfrentamiento y a implementar mecanismos de rendición de cuentas más estrictos.