El gobierno de Venezuela anunció el 28 de septiembre de 2026 la liberación de más de treinta presos políticos, entre los que se encuentran líderes de la oposición y activistas de derechos humanos. La decisión se produce pocos días después de que el presidente interino, Delcy Rodríguez, se reuniera con el presidente Donald Trump en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
Según declaraciones oficiales, los liberados fueron “reintegrados a la sociedad” tras cumplir sus condenas o recibir indultos por razones humanitarias. Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han señalado que muchos de los detenidos siguen bajo restricciones de movimiento y vigilancia estatal.
La medida ha sido recibida con cautela por la comunidad internacional. Estados Unidos calificó la liberación como un “paso positivo”, pero reiteró que la presión sobre el régimen debe mantenerse hasta que se garantice el respeto pleno a los derechos humanos y se convoquen elecciones libres y transparentes. La Unión Europea, por su parte, ha pedido una verificación independiente de los casos liberados.
En el plano interno, la liberación de presos políticos ha generado reacciones mixtas. Algunos sectores de la oposición ven la medida como una táctica del gobierno para aliviar sanciones, mientras que los partidarios del oficialismo la presentan como una muestra de “humanidad” del régimen. El futuro de la relación bilateral EE. UU.-Venezuela sigue siendo incierto, pero la liberación podría abrir la puerta a negociaciones más amplias.
