El gobierno canadiense anunció planes para expandir su capacidad de exportación de gas natural licuado (GNL) durante 2026, con la intención de satisfacer la creciente demanda mundial de energía limpia. La estrategia incluye la construcción de nuevos terminales en la costa atlántica y la ampliación de contratos con compradores en Asia y Europa.
Sin embargo, grupos de derechos humanos y organizaciones indígenas han levantado fuertes objeciones, alegando que los proyectos de GNL están vinculados a violaciones de derechos en comunidades locales, incluida la contaminación de aguas y la falta de consultas adecuadas. Estas críticas se intensificaron tras la publicación de informes que señalan la presencia de trabajadores foráneos en condiciones precarias.
El Ministerio de Energía de Canadá defendió la expansión argumentando que el GNL es una fuente de energía de menor emisión de carbono comparada con el carbón, y que los proyectos generan empleo y desarrollo económico en regiones remotas. Además, el gobierno afirmó que está revisando los procesos de consulta para garantizar el respeto a los derechos de las poblaciones afectadas.
Los analistas advierten que, si bien la expansión puede reforzar la posición de Canadá en el mercado energético, la controversia social podría traducirse en retrasos regulatorios y mayores costos operativos, afectando la competitividad frente a otros exportadores como Australia y Qatar.
