La Rapid Support Forces (RSF), milicia paramilitar respaldada por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, lanzó una serie de ataques con drones contra cinco estaciones de energía en los estados de Kassala, Red Sea y Al‑Qadarif, áreas bajo control del ejército sudanés. Los impactos provocaron apagones totales que dejaron sin suministro eléctrico a más de dos millones de habitantes.
Los residentes describen la falta de luz como un factor que impide el funcionamiento de hospitales, escuelas y centros de distribución de ayuda humanitaria. Sin energía, los sistemas de bombeo de agua se detienen, aumentando el riesgo de brotes de enfermedades en una población ya desplazada por años de conflicto.
El ejército sudanés denunció los ataques como una “táctica de guerra psicológica” destinada a debilitar la capacidad de resistencia civil y a presionar a las fuerzas internacionales para que intervengan. Por su parte, la RSF justifica los bombardeos como respuestas a supuestos ataques del ejército a sus posiciones.
Organizaciones internacionales, incluida la ONU, han pedido una investigación independiente y han advertido que los ataques a infraestructura civil podrían constituir crímenes de guerra bajo la Convención de Ginebra. Mientras tanto, la población civil se enfrenta a la escasez de servicios básicos y a la incertidumbre de una posible escalada del conflicto.
El escenario se complica por la proximidad de la frontera con Etiopía, donde también se registran tensiones militares, y por la falta de acceso de observadores internacionales a las zonas afectadas, lo que dificulta la verificación de los hechos.
