Desde el inicio de la campaña en septiembre, la Marina de los EE. UU. ha realizado decenas de ataques a lanchas que, según autoridades estadounidenses, transportaban cocaína y otras sustancias ilícitas. Según datos recopilados por The Guardian y el New York Times, al menos 230 personas han perdido la vida en estos operativos.
El experto en derechos humanos de la ONU, Michael Fakhri, sostuvo que la práctica de atacar embarcaciones sin una clara identificación de los responsables y sin garantizar la proporcionalidad del uso de la fuerza podría constituir "crímenes contra la humanidad". La argumentación se basa en la Convención de La Haya y los principios de derecho internacional humanitario.
El gobierno estadounidense, por su parte, defiende la operación como una medida necesaria para frenar el flujo de drogas que financia a organizaciones criminales y grupos armados en la región. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y varios parlamentarios latinoamericanos han pedido una investigación independiente.
El debate se intensifica en el marco de la próxima Asamblea General de la ONU, donde se espera que la cuestión sea elevada a la agenda de derechos humanos, poniendo a prueba la capacidad de EE. UU. para justificar sus acciones bajo el escrutinio internacional.
