Israel ha intensificado la demolición de viviendas en territorios ocupados, abarcando Hebrón, la Franja de Gaza y el sur del Líbano. Las fuerzas de ocupación utilizan órdenes judiciales y operativos de seguridad para derribar casas, dejando a cientos de familias sin techo. Los residentes describen la pérdida como un ataque directo a su dignidad y a la posibilidad de reconstruir sus vidas.
Según el informe de Al Jazeera, en los últimos tres meses se han derribado más de 200 hogares, cifra que supera los registros de años anteriores. Las autoridades israelíes justifican la medida como una respuesta a supuestos actos de violencia, pero organizaciones de derechos humanos la catalogan como castigo colectivo.
La comunidad internacional ha emitido condenas y llamado a una investigación independiente. Naciones Unidas y la Unión Europea han solicitado a Israel que detenga las demoliciones y garantice el derecho a la vivienda de la población palestina. Mientras tanto, la población desplazada depende de ayuda humanitaria que se muestra insuficiente.
El escenario se complica por la creciente tensión en el sur del Líbano, donde grupos armados locales también denuncian la expansión de asentamientos israelíes. La combinación de desalojos y la falta de soluciones de largo plazo alimenta un ciclo de violencia que amenaza la estabilidad regional.
