Polonia se vio sumida en una profunda crisis constitucional el sábado 1 de noviembre de 2026, cuando la Comisión Europea emitió una advertencia formal al presidente Karol Kaczyński, exigiendo la reversión de reformas judiciales que la UE considera incompatibles con el Estado de derecho. La autoridad polaca respondió con un discurso en el que calificó la medida como una intromisión soberana y prometió defender la independencia del poder judicial.
La Comisión, por su parte, reiteró que la financiación de la UE está condicionada al cumplimiento de los criterios de Estado de derecho, y advirtió que la falta de cumplimiento podría derivar en la activación del mecanismo de protección del presupuesto comunitario. La disputa ha generado protestas en Varsovia, con manifestantes tanto a favor como en contra del gobierno, reflejando una sociedad profundamente dividida.
Este enfrentamiento no solo afecta la política interna, sino que también tiene repercusiones en la relación de Polonia con sus socios europeos. La UE ha iniciado consultas formales que podrían culminar en sanciones económicas o la suspensión de fondos estructurales, mientras que Washington observa con cautela la evolución del conflicto, temiendo una mayor desestabilización en la región.
En el contexto de la creciente tensión entre gobiernos nacionalistas y las instituciones supranacionales, la crisis polaca se convierte en un caso emblemático de los límites del poder de la UE frente a la soberanía nacional. La resolución de este conflicto será decisiva para el futuro del proyecto europeo y para la consolidación democrática en Polonia.