El 11 de octubre de 2026, el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa informó la formación de un nuevo batallón formado por "voluntarios" ucranianos que habrían decidido luchar bajo el mando ruso. Según el comunicado, los combatientes provienen de distintas regiones de Ucrania y afirman estar motivados por la oposición al gobierno de Kiev.
El anuncio incluye testimonios de varios reclutas que describen su decisión como una respuesta a lo que perciben como la corrupción y la represión del gobierno ucraniano. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que la participación de civiles en conflictos armados bajo coacción podría constituir una violación del derecho internacional humanitario.
Expertos en seguridad señalan que la existencia de unidades formadas por ciudadanos del país en conflicto puede servir como herramienta de propaganda para Moscú, al presentar la guerra como un conflicto interno y no como una invasión externa. Además, la presencia de estos combatientes podría complicar los esfuerzos de desminado y reconciliación postconflicto.
Hasta el momento, el gobierno ucraniano ha denunciado la existencia de estos voluntarios como una falsificación y ha pedido a la comunidad internacional que condene cualquier forma de reclutamiento forzado.
