Desde principios de octubre de 2026, Venezuela ha experimentado una serie de apagones que dejan sin luz a millones de ciudadanos durante varias horas al día. Según informes de Al Jazeera, la escasez de energía se debe a la falta de mantenimiento de la infraestructura eléctrica y a la escasez de combustibles fósiles, agravada por sanciones internacionales y la crisis económica que atraviesa el país.
Los cortes de energía han desencadenado protestas masivas en Caracas, Maracaibo y otras ciudades, donde la población, cansada de la escasez de servicios básicos, ha salido a las calles exigiendo soluciones inmediatas. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha intentado calmar la situación anunciando planes de emergencia, como la importación de generadores y la reactivación de plantas hidroeléctricas, pero la desconfianza popular persiste.
La crisis eléctrica también ha repercutido en la producción industrial y en el sector petrolero, reduciendo la capacidad de exportación de crudo y agravando la ya delicada situación económica del país. Analistas internacionales advierten que la falta de energía podría acelerar la emigración de profesionales y empeorar la hiperinflación, generando un círculo vicioso de deterioro social y económico.
En el plano diplomático, la comunidad internacional observa con preocupación el deterioro de la estabilidad venezolana. Organismos como la OEA y la ONU han llamado al gobierno a garantizar el acceso a servicios básicos y a buscar soluciones de largo plazo, mientras algunos países vecinos ofrecen asistencia técnica para la rehabilitación de la red eléctrica.
