Maricarmen Abascal, la pensionista de 87 años cuya expulsión de una vivienda en Madrid desencadenó una serie de protestas masivas en 2024, falleció el 7 de octubre de 2026. Su muerte fue confirmada por la Unión de Inquilinos, que señaló que la anciana había estado recibiendo cuidados paliativos desde principios de año. Abascal se había convertido en un emblema de la lucha contra los desalojos forzosos y la escasez de alquileres asequibles, movilizando a miles de ciudadanos en ciudades como Barcelona, Valencia y Sevilla.
Las protestas que surgieron tras su desalojo en 2024 obligaron al Gobierno español a prometer una reforma integral del mercado de alquiler, aunque la legislación sigue estancada. Tras su fallecimiento, la Unión de Inquilinos anunció una serie de actos conmemorativos y una nueva campaña titulada “Abascal vive”, que busca mantener viva su reivindicación y presionar al Ejecutivo para aprobar un alquiler social y limitar los aumentos de renta.
El legado de Abascal también ha influido en la agenda política de los principales partidos, que han incorporado la protección de inquilinos en sus programas electorales. Sin embargo, los propietarios y asociaciones inmobiliarias critican lo que consideran una “expropiación silenciosa” y advierten sobre posibles efectos negativos en la oferta de viviendas.
El fallecimiento de la activista plantea nuevamente la cuestión de cómo los movimientos sociales pueden transformar la política pública cuando su figura central desaparece. La respuesta del Estado y la sociedad civil en los próximos meses será decisiva para determinar si la presión popular logra traducirse en cambios legislativos concretos.